Asi Colombia vive en una espiral de violencia que se cobra un número cada ves mayor de victimas y uno de cuyos rasgos particulares es que los grupos que participan en ella tienen su ejercito particular, en algunos casos con el apoyo logístico, y a veces operativo de las propias Fuerzas Armadas de Colombia. Para salir del atolladero Colombia tiene tres prioridades: la primera, el pleno restablecimiento del respeto de los derechos humanos, de las libertades públicas y de las instituciones democráticas; La segunda, la recuperación por el Estado del monopolio de la fuerza Armada y la tercera reformas sociales para satisfacer las necesidades fundamentales de todo el pueblo colombiano. Pero, en materia de libertades democráticas, a tres meses escasos de las elecciones regionales que deben celebrarse el 26 de octubre, los asesinatos de militantes populares y las amenazas de muerte proferidas por grupos paramilitares contra quienes intenten presentarse como candidatos de sectores importantes de la oposición, falsean totalmente el proceso electoral que, como los hechos lo están demostrando hasta ahora, está en camino de ser una masacre programada. En lo que se feriere al monopolio de la fuerza Armada, el gobierno en lugar de intentar recuperar dicho monopolio oficializa el paramilitarismo a través de las Asociaciones de Seguridad rural, llamadas convivir. En su cuarto informe periódico sobre Colombia, el comité de derechos humanos en sus sesiones1568, 1569, 1570 y 1571 celebradas los dias 31 de marzo y 1de abril de 1997 en Nueva York, formuló entre otras las siguientes observaciones: "El comité esta profundamente preocupado por las pruebas del apoyo militar a los grupos paramilitares. El decreto dictado recientemente, cuyo efecto seria legalizar el establecimiento de grupos civiles armados (las llamadas asociaciones de vigilancia y seguridad rural, Convivir), agravaria al parecer esta situación". La representante del Alto comisionado para los Derechos humanos en Colombia, señora Almudena Mazarrasa, ha invitado al gobierno colombiano a que estudie la posibilidad de revocar el decreto que legalizó las Convivir, responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En misión realizada por funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de colombia, al Urabá Chocoano, en la mañana del 28 de julio de 1997 en el lugar en que se alojaban los integrantes fué introducida una nota por medio de la cual se amenazaba a los integrantes de la comisión y se les daba un plazo de 12 horas para abandonar la región,(esto según informes de ONGs colombianas). Pero la reacción oficial a esta sugerencia ha sido hasta ahora totalmente negativa y altos funcionarios colombianos parten en campaña para asumir la defensa de las asociaciones Convivir. En cuanto a la tercera prioridad , las reformas sociales, nada mas lejos de las preocupaciones del actual gobierno colombiano. El 13 de agosto del presente se realizó un debate en el Congreso de la República las "Convivir" y la mayoría de los miembros de la bancada del partido del gobierno expresaron que estas continuarían. Así mismo el Director Nacional del Partido Liberal expresó su incorfomidad con la oficina de la ONU en Colombia y dijo que su directora: La Señora Mazarrasa estaba parcializada y que mejor debería salir del país.
La Asociación Americana de Juristas se permite proponer a la subcomisión que apruebe una resolución o exprese enérgicamente su preocupación sobre Colombia consistente en dos puntos: PRIMERO:apoyando la gestión de la representante del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, particularmente su sugerencis de disolver las Asociaciones Convivir; SEGUNDO: sugiriendo al Secretario General que inicie tratativas urgentes con el gobierno colombiano para el envio sobre el terreno de una misión internacional de observación del proceso electoral que debe culminar el proximo 26 de octubre.
Alejandro Teitelbaum, representante permanente en Ginebra de la
Asociación
Americana de Juristas.
28 de agosto de 1997.
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