Subject: PBI Colombia, PIQ#93

Peace Brigades International
Equipo PBI-Colombia

Información-Catorce días
Núm. 93, del 12 de enero de 1998 al 25 de enero de 1998

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1.- NACIONAL
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“¿E.U.  APOYA  A ‘PARAS’ COLOMBIANOS ?”
“Con el propósito de que Panamá le pida que no retire sus tropas a finales
de 1999, Estados Unidos puede estar apoyando actualmente a los paramilitares
colombianos que luchan contra las Farc en territorio panameño, sugiere el
prestigioso semanario británico The Economist en la edición que comenzó a
circular el pasado viernes en Europa.  En un artículo de amplio despliegue y
que abre la sección Las Américas titulado ‘¿Saliendo por la puerta frontal
de Panamá, y entrando por detrás ?’, la revista asegura que Miguel Bush,
miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del presidente de
Panamá, Ernesto Pérez Balladares, ha expresado que los estadounidenses
‘pagan, entrenan, incluso dirigen a los paramilitares colombianos para
presionar a Panamá a que acepte la presencia continua de tropas’ de
Washington en ese país centroamericano. (...)” (El Tiempo, 12.1.98)

“TRÁGICA QUEMA DE BUSES Y TRACTOMULAS”
“El accionar de los grupos guerrilleros contra el transporte terrestre cobró
los dos primeros muertos este año, luego que la noche del sábado integrantes
del autodenominado Ejército Popular de Liberación (Epl) montaran dos retenes
en vías de Santander, asesinaran a dos conductores, hirieran a dos hermanas
y quemaran cuatro tractomulas y un bus de la empresa Copetrán. Estos hechos
se suman al ocurrido el pasado miércoles entre Bogotá y Villavicencio, donde
cuatro buses de la compañía Flota de Macarena fueron incinerados por las
Farc. El sector está en jaque, porque en los últimos cinco años registra
pérdidas superiores a los 187.479 millones a causa de por lo menos 8.300
casos de piratería terrestre. (...)” (El Espectador, 12.1.98)

“SE AGUDIZA EL CONFLICTO EN ANTIOQUIA”
“La vida, la integridad personal y el trato humano se convirtieron durante
1997 en los derechos más violados en este departamento, dijo la Defensoría
del Pueblo para Antioquía, en su balance anual. La titular de ese despacho,
María Girlesa Villegas Muñoz, (...) afirmó que en relación con los índices
arrojados en el año 96, se destaca que la violación al derecho a la vida, en
todas sus formas, viene en un ascenso preocupante, como muestran las
estadísticas.” (El Colombiano, 13.01.98)

“ALCALDES PIDIERON PROTECCIÓN DE SUS VIDAS”
“Tras condenar el asesinato del alcalde de Colosó (Sucre), Wilmer Vanegas
García, la Federación colombiana de Alcaldes le pidió al gobierno Nacional
garantías reales para desarrollar su trabajo, así como verdaderas medidas de
protección para sus vidas. (...)” (El Colombiano, 13.01.98)

“TRES MUERTOS EN INCURSIÓN PARAMILITAR EN SANTO DOMINGO”
“Tras la irrupción de algunos miembros de grupos de ‘justicia” privada, al
municipio de Santo Domingo, Noroeste antioqueño, murieron el pasado 
domingo
tres personas, en dos hechos ocurridos en el casco urbano, informaron
voceros oficiales y fuentes de esa localidad. (...) Esos crímenes, los tres
primeros del año en el perímetro urbano de esa localidad, se suman a los 46
que tiene reportados la Inspección de Policía ocurridos el año pasado y que,
en su mayoría , de acuerdo con autoridades civiles y policiales, se le
atribuyen a grupos paramilitares que operan en la zona. Es de aclarar que la
ciuvrea no tiene en cuenta un número significativo de muertes violentas
ocurridas en los diferentes corregimientos de la población , además de las
personas que han sido secuestradas en el pueblo y luego desaparecidas.” (El
Colombiano, 14.01.98)  

“SINDICATO DEL INPEC INICIA PARO”
“El presidente del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec), Neftalí Rojas, anunció que a partir de las 7:00 de la
mañana de hoy la primera jornada de seguridad carcelaria de este año, por el
derecho a la vida de los guardianes y personal administrativo y en protesta
por los asesinatos dentro y fuera del servicio.  El último de estos hechos
ocurrió el pasado lunes en la vía que conduce de Cali al municipio de
Santander de Quilichao, cuando varios individuos asesinaron a Fabio Burbano,
segundo vicepresidente de la Asociación Sindical del Inpec, Asoinpec. Desde
la vigencia del decreto 407 de 1994 han sido asesinadas 100 personas entre
guardianes, directores, asesores jurídicos y dirigentes sindicales y
miembros de Inpec, sostuvo el presidente de Asoinpec y declaró que son
víctimas de una persecución, por parte de miembros de la policía. (...)”
(El Espectador, 14.1.98)

 “PRIMEROS DESPLAZADOS INICIAN EL RETORNO”
“Los desplazados de Pavarandó iniciaron desde la madrugada de ayer el
regreso a sus veredas en Riosucio (Chocó) con ayuda de las autoridades
departamentales. (...) El consejero para los Desplazados, César García Niño,
advirtió que el regreso de los primeros desarraigados comenzó con grupos de
60 personas y se aspira a que de este proceso hagan parte otros 560
desplazados. (...)”
(El Espectador, 16.1.98)

“DESMANTELAN CAMPAMENTO DE PARAMILITARES”
“Unidades de la Policía Antioquia, desmantelaron ayer un campamento de
presuntos paramilitares que hacía parte del complejo cocainero descubierto
el miércoles pasado en zona rural de Yarumal, norte de Antioquia,
sostuvieron voceros de esa unidad policial. (...) ‘Suponemos que el
campamento podría alojar, en determinado momento, cerca de cien personas y
creemos por los indicios  existentes hacia parte de la infraestructura del
grupo paramilitar que vigilaba el laboratorio’, precisó la fuente.” (El
Colombiano, 17.01.98)

“AMENAZAS A DIRIGENTES COMUNISTAS”
“Nuevos operativos criminales y planes de persecución se estarían
adelantando en el país para atentar contra dirigentes del Partido Comunista
Colombiano. Así lo denunció ayer el Comité Ejecutivo Central de dicha
colectividad política, a través de una acción urgente dirigida a la opinión
pública, en la que manifiesta que existen operativos para asesinar al
secretario general del partido Comunista, Jaime Caycedo Turriago, y al
secretario nacional de la organización, Jairo Ramírez. Según la denuncia del
Comité Ejecutivo, un comando paramilitar integrado por sicarios,
supuestamente orientados por Fidel Castaño, se encuentra en Bogotá desde
hace varios días, y su propósito inmediato es atentar contra la vida de los
dirigentes comunistas. (...)” (El Espectador, 17.1.98)

“DESPLAZADOS, MIENTRAS UNOS SE VAN OTROS LLEGAN”
“Hombres y mujeres refugiados en Pavarandó alistaban ayer los corotos para
recorrer kilómetros de ríos y selva y terminar con nueve meses de destierro.
A sólo hora y media de ese lugar los campesinos de dos veredas ubicadas
entre Mutatá y Chigorodó salían de sus parcelas por una nueva amenaza.  El
miércoles en la noche un grupo que se identificó como las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegó hasta los ranchos de las veredas
La Fortuna y Chadó y les advirtieron a los labriegos que tenían 24 horas
para dejar esos lugares. Con la única intención de salvar sus vidas los
campesinos comenzaron a dejar las veredas al día siguiente. (...)” (El
Tiempo, 17.1.98)
“PARA MENORES: SERVICIO MILITAR SÓLO SE  APLAZA”
“Los bachilleres menores de edad citados para incorporarse al sevicio
militar obligatorio en los próximos meses no serán excluidos totalmente sino
que deben esperar a cumplir la mayoría de edad, según el artículo 13 de la
nueva ley de Orden Público. (...) La norma tiene una exepción y es que si
hay algún joven bachiller menor de edad interesado en alistarse en el
Ejército o en la Policía para cumplir con ese mandato constitucional debe
presentar una autorización por escrito de sus padres, con el fin de ceñirse
a las nuevas normas de reclutamiento.” (El Colombiano, 17.01.98)

“DESPEJE A LAS DUDAS DE E.U.”
“El Ministerio de la Defensa estudia la situación de algunos oficiales que
podrían estar involucrados en actos de violación de derechos humanos en
Mapiripán (Meta) y Miraflores (Guaviare), con el propósito de resolver dudas
del gobierno norteamericano antes de formalizar su ayuda militar a Colombia.
(...) Los resultados que arrojen las investigaciones que evaluará el propio
ministro están orientadas a complementar un primer informe sobre derechos
humanos enviado en octubre del año pasado a Estados Unidos, que al parecer
no satisfizó completamente a sus autoridades, pues quieren certeza frente a
la conducta de las Fuerzas Militares en los casos mencionados. (...)”
(El Espectador, 18.1.98)

“SUSPENDEN A 54 CONVIVIR”
“El Ministro de Defensa ordenará la disolución de 54 empresas de seguridad
privada conocidas como Convivir por incumplir algunas normas, exigidas en el
desarrollo de sus labores, anunció ayer el superintendente de Vigilancia,
Julio César Vásquez. (...) Actualmente existen en Colombia 414
organizaciones de ese tipo, a las que hace un mes el Gobierno exigió que
probaran su legalidad y otros requisitos, ante las continuas denuncias de
abusos. (...)” (El Espectador, 18.1.98)

“TERMINÓ REVUELTA EN POPAYÁN”
“Los presos de la cárcel San Isidrio, de Popayán, pusieron fin a una
revuelta que se inició en el penal un día antes. Los reclusos habían tomado
como rehenes a 585 mujeres, de las cuales 16 salieron del lugar portando un
mensaje en el que los amotinados formularon un pliego de peticiones, el cual
fue aceptado, en parte,  por las autoridades.” (El Colombiano, 18.01.98) 

“¿BLOQUE BLOQUEADO ?”
“A principios de diciembre pasado, ante la avalancha de ataques
paramilitares, el Gobierno nacional anunció la creación de un bloque de
búsqueda contra las autodefensas, que estaría presidido y coordinado por el
ministro de Defensa o su delegado. Pero hasta el momento las únicas
entidades que han nombrado a su representante son la Fiscalía General de la
Nación y la Policía. Ni el Ejército, ni el DAS, ni la procuraduría, ni
etcétera, han designado a la persona encargada de coordinar las operaciones.
En predios de la Fiscalía se encuentran preocupados, según pudo establecer
CAMBIO16, porque la situación de derechos humanos comienza a tomar cada 
día
más cuerpo en las relaciones de Colombia con los demás países y el bloque
constituiría por lo menos una señal de que el Estado colombiano está tomando
el tema con seriedad.” (CAMBIO16, 19.1.98)

“EN AUGE EL PARAMILITARISMO EN CASANARE”
“El paramilitarismo está en auge en Casanare.  Según un estudio de la
Defensoría del Pueblo sobre la actual situación de derechos humanos en el
departamento, la presencia paramilitar en la región ha aumentado
dramáticamente. (...)”  (El Tiempo, 21.1.98)
 “ABSUELTOS CUATRO MILITARES”
“La justicia penal militar absolvió de toda culpa a los cuatro militares del
batallón García Rovira de Pamplona, que el 5 de febrero de 1987
presuntamente habían dado muerte a cuatro campesinos, entre ellos a una
mujer de 17 años en estado de embarazo. (...) La controversia que había, y
que se extendió durante 11 años, era porque la denuncia afirmaba que los
militares habían dado muerte extrajudicialmente a las cuatro personas, entre
ellas a una joven identificada como Irma Vera Peña, en estado de embarazo, y
a tres hombres, Manuel Castro y dos N.N., (...) en el sitio Piedra Azul de
la vereda Carabobo, municipio de Concepción al nororiente de Santander
(...)” (El Espectador, 22.1.98)

“FUERZAS ARMADAS ABATIERON A 29 PARAMILITARES EN 1997: 
MINDEFENSA”
“Veintinueve paramilitares fueron abatidos el año pasado, al tiempo que 134
personas sindicadas de hacer parte de esos mismos escuadrones, fueron
capturados. Así lo reveló ayer el Ministro de Defensa Nacional, Gilberto
Echeverri Mejía, quién precisó que en las horas de la mañana recibió de la
Fiscalía General de la Nación un listado de las 374 órdenes de captura
proferidas por esa dependencia contra presuntos ‘ paras’. (...) Dentro de
las 374 personas que figuran en la lista, existen 22 sin identificar y por
lo tanto aparecen como N.N. (...)” (El Colombiano, 23.01.98)

“EXHUMADOS 10 CUERPOS EN URABÁ”
“La comisión de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones enviada
a Urabá, a raíz de las denuncias sobre homicidios y desapariciones ocurridos
entre Riosucio (Chocó) y Mutatá (Antioquia), estableció que el número de las
personas asesinadas en diciembre pasado ascendió a 16. (...) Los
investigadores establecieron igualmente que hay 11 personas que se
encuentran desaparecidas, cuyos parientes temen que también hayan sido
ultimadas en desarrollo de la impresionante racha de crímenes. (...)” (El
Espectador, 23.1.98)

“CAPTURADO PARAMILITAR”
“Carlos Andrés Cuartas Alzate, presunto miembro de las Autodefensas
campesinas de Córdoba y Urabá, sindicado del secuestro y posterior asesinato
de la concejala de Apartadó, Gloria Elena Cardona, fue capturado por
unidades militares en el mismo municipio antioqueño. El individuo fue puesto
a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.” (El Espectador, 23.1.98)

“EX GUERRILLERO CAPTURADO SERÍA DEJADO EN LIBERTAD”
“Las 200 personas que desde el miércoles pasado mantienen una toma 
pacífica
en la Alcaldía de Apartadó, para protestar por la captura del ex guerrillero
de la disidencia del EPL, David Mesa Peña, conocido como ‘Gonzalo’, insisten
en permanecer en el lugar hasta que el ex líder subversivo recupere su
libertad. (...) Los funcionarios dialogaron con los manifestantes y les
informaron que ya se había resuelto la situación y que el Ministerio de
Justicia comunicaría a los organismos de seguridad que las ordenes de
captura contra ‘Gonzalo’ y los demás reinsertados estaban suspendidas 
desde
la entrega de armas, y que así sería hasta que resolviera la situación
jurídica de cada uno.”
(El Tiempo, 23.1.98)

“NIÑOS, RUMBO AL NOBEL DE PAZ”
“Los niños de Colombia, pero en especial los 2’700.000 que votaron por el
derecho a la paz y a la vida hace más de un año, están nominados al premio
Nobel de la Paz de 1998.  La postulación fue hecha por José Ramos Hortas,
premio Nobel de la Paz, 1996, quien, conocedor del Mandato de los Niños por
la Paz que se realizó en toda Colombia el 25 de octubre de 1996, decidió
poner a consideración del Comité Noruego del Premio Nobel, a los niños
colombianos por su labor en busca de la paz. (...)” (El Espectador, 23.1.98)
“CAEN SINDICADOS DE MATANZA EN TOCAIMA”
“El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación
capturó en las últimas horas a 4 hombres sindicados de la masacre de 14
personas en las veredas La Horqueta y Zelanda del municipio de Tocaima
(Cundinamarca). Según la Fiscalía, las capturas de Luis Fernando Villegas
Uribe, Hernando Montoya Montoya, César Augusto Jaramillo Rojas y José Alirio
Velosa Enciso se produjeron en la capital de la República y en la zona rural
de Tocaima. (...) La Fiscalía General de la Nación informó también que
Hernando Montoya Montoya es el propietario de las haciendas La Carolina y El
Cucharo, de las que era administrados Luis Carlos Mercado Gutiérrez, muerto
antes de la masacre de La Horqueta y quien había llegado a la zona en el mes
de septiembre.  Se sabe también que Mercado Gutiérrez era representante
legal de la asociación Convivir La Palma, cuyo centro de operaciones es la
zona de San Juan de Urabá. (...)” (El Espectador, 24.1.98)

“DESPLAZADOS QUE RETORNARON NECESITAN MÁS SEGURIDAD”
“Aunque por estos días no se presentaron atropellos contra los campesinos,
‘hay presencia evidente de paramilitares en el casco urbano de Riosucio,
Chocó, lo cual significa un atentado al proceso de retorno de los
desplazados que se encuentran en el Albergue de Paravandó’. Así lo observó
el asesor en Presidencial para los Desplazados, Mauricio Cadavid, al indicar
que es necesario que el Gobierno, en manos del Ejército Nacional, tome las
medidas para desalojar de la zona a esos organismos al margen de la ley.
(...)” (El Colombiano, 24.01.98)  

“ES PREMATURA UNA MEDIACIÓN INTERNACIONAL: PARLAMENTO 
ALEMÁN”
“Tras una corta visita a Colombia, en la que exploraron las condiciones para
adelantar un proceso de paz, tres parlamentarios alemanes concluyeron con
evidente desconcierto que el país no está preparado para iniciar una
negociación ni para recibir una mediación internacional. (...) ‘Hace cuatro
años, cuando asistí a la posesión del presidente, mi percepción era otra.
Ahora creo que es necesario contar con un gobierno fuerte y con alto nivel
de credibilidad para que exista más confianza en la población civil y en los
otros actores del conflicto’, adujo Baumeister. (...)” (El Espectador, 25.1.98)

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2.- MAGDALENA MEDIO
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“FARC LIBERARON A UNO DE LOS 9 SECUESTRADOS DE PUERTO WILCHES”
“Por presentar graves quebrantos de salud, ayer fue liberado por el 24
frente de las Farc el primer funcionario de los nueve que tenía este grupo
guerrillero de la industria palmícola de Puerto Wilches, en el Magdalena
Medio santandereano. Se trata del ingeniero agrónomo de la empresa Brisas,
Carlos Manique Parra, de 25 años de edad, quien permaneció dos meses en
poder de la subversión. La liberación se hizo efectiva a las 3.10 de la
tarde en el corregimiento cañaveral, zona rural de San Pablo, en el sur de
Bolívar, distante a 45 minutos de la cabecera municipal.”
(Vanguardia Liberal, 14.01.98)

“ASESINARON CONCEJAL DE SABANA DE TORRES”
“El medico cirujano y actual concejal de Sabana de Torres, José Aníbal
Guerrero Díazcastillo, de 51 años, fue asesinado ayer en esa población por
dos pistoleros, dijo la Policía. Agregó que los autores ingresaron a las
11:15 de la mañana al consultorio del galeno y le dispararon a la cara con
una pistola nueve milímetros. (...) Guerrero Díazcastillo resultó elegido
concejal en los pasados comicios por el Movimiento Cívico Sabanero. (...) Al
cierre de esta edición la familia, Policía y demás autoridades seguían
ignorando el móvil del crimen y la autoría.” (Vanguardia Liberal, 18.01.98)

“QUE SE VUELVAN A OÍR LAS MÁQUINAS”
“Aunque el municipio amaneció tranquilo (...), en Puerto Wilches, Magdalena
Medio santanderiano, reina la incertidumbre general, cuando del futuro de la
localidad se habla. Y no es para menos, porque ayer se conoció que la
parálisis de actividades llegó a la última de las tres empresas que en estos
momentos se encuentra en constante amenaza por parte de la guerrilla de las
Farc, Producciones Agropecuarias Monterrey, uniéndose a Brisas y Palmas
Oleaginosas Bucarelia. Las Farc presionan de esta manera a las empresas,
para que cumplan una serie de prerrogativas que les exigen para poner en
libertad a ocho de sus funcionarios que permanecen en poder de la fracción
guerrillera desde hace cuatro meses. (...) ” ( Vanguardia Liberal, 19.01.98)  

“SITUACIÓN DE PUERTO WILCHES EN MANOS DEL GOBIERNO CENTRAL”
“El futuro de Puerto Wilches quedaría en manos de la Administración Central,
luego que el gobernador de Santander, Miguel Jesús Arenas, admitiera no
poder tomar cartas en el asunto. La decisión fue tomada ayer en reunión
sostenida entre el Alcalde y los 13 concejales de Puerto Wilches y el
mandatario departamental. El secretario del gobierno, Darío Parra Anaya,
anunció que primero se hará una reunión en la localidad, a la que asistirán
el Alto Comisionado para la Paz y el Gobernador, con el fin de que la gente
exponga el problema y de esa forma motivar al Gobierno Nacional para que
entre a mirar la situación como difícil y en consecuencia le busque una
solución. (...) El cese de actividades de las cuatro empresas palmicultoras
de la localidad, ha dejado a Puerto Wilches en una de sus peores crisis,
pues este sector le representa al municipio movimientos diarios de por lo
menos $ 50 millones, por concepto de rentas.” (Vanguardia Liberal, 21.01.98)

“SOCIEDAD CIVIL CLAMA POR LA PAZ”
“Ante los distintos organismos de seguridad del Estado, acantonados en
Barrancabermeja, no ha llegado ninguna denuncia formal de los habitantes de
distintos barrios del Puerto Petrolero, que se han visto afectados por la
presencia de los llamados “encapuchados”. (...) A pesar de lo anterior, los
rumores sobre patrullajes y ‘visitas‘ de los llamados encapuchados, se han
acrecentado en los últimos días, especialmente en algunos barrios del sur,
como Cincuentenario, Cerro, Refugio, los Pinos, Limonar, entre otros.”
(Vanguardia Liberal, 21.01.98)

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3.- SECTORES- ONGs
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“DAMNIFICADOS DE TRUJILLO CRITICAN AYUDA DEL ESTADO”
“Los familiares de las 107 personas asesinadas en Trujillo (Valle del
Cauca), entre 1989 y 1990, están a punto de suspender la búsqueda de una
solución amistosa con el Estado debido a la lentitud del proceso de
indemnización y a la impunidad en torno a este caso.  Esta situación, que
podría afectar de nuevo la imagen internacional del país, fue denunciada
ayer por el sacerdote Javier Giraldo, presidente de la Comisión de Justicia
y Paz, que representa los intereses de los familiares de las víctimas. (...)
Giraldo dijo que en materia de justicia hay una total impunidad contra los
responsables de los crímenes, ‘Hasta el momento no hay un solo 
sancionado’.”
(El Tiempo, 24.1.98)
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4.- EQUIPO PBI-COLOMBIA
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ACOMPAÑAMIENTO A SAN PABLO
El día 15 de enero, miembros de PBI se desplazaron a San Pablo para visitar
al promotor de Credhos en esta localidad y informarse sobre la situación en
el municipio.
 
ACOMPAÑAMIENTO A ASFADDES
El día 15 de enero, integrantes de PBI acompañaron a miembros de ASFADDES 
a
un taller de autoprotección, que fue organizado por parte de la DIPOL
(Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional), dentro del convenio
sobre Medias Provisionales, decretadas por  la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. 

ACOMPAÑAMIENTO A YONDÓ
El día 19 de enero, voluntarios de PBI viajaron a Yondó para acompañar al
promotor de Credhos en Yondó en un viaje de una comisión a San Juan de Ité
para recoger información sobre la situación de seguridad de la comunidad
indígena Embera Chami en esta vereda del municipio. En la comisión participó
también Dra. Elisabeth Ruiz, personera de Yondó.

ENTREVISTA CON EL CORONEL OSCAR SANCHEZ
El día 22 de enero, integrantes de PBI tuvieron ocasión de entrevistarse con
el Coronel Oscar Sanchez, nuevo comandante del Batallón Nueva Granada con
sede en Barrancabermeja. Le presentamos nuestro trabajo y le comunicamos
nuestras preocupaciones más recientes acerca de la situación de Derechos
Humanos que se vive en la región. 

3 NUEVOS VOLUNTARIOS PARA EL EQUIPO DE PBI COLOMBIA
El día 20 y 21 de enero llegaron a Colombia tres nuevos voluntarios para
reforzar el equipo del proyecto de PBI en este país. Queremos dar nuestra
bienvenida a MIGUEL NAVASCUES, LUCHO VAN ISSCHOT y BODO VON BORRIES. 

ENTREVISTA CON  EMBAJADAS
El día 19 de enero, integrantes de PBI tuvieron oportunidad de entrevistarse
con Leycester Coltman, Embajador de Gran Bretaña, con Pascale Maubert,
primer canciller de la Embajada de Francia, y con Julia Grossman y Nicolas
Coghlan de la Embajada de Canadá para expresarles nuestras preocupaciones
acerca de los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 1997 en Sabana de
Torres en los cuales fueron amenazados dos miembros de PBI y el presidente
del Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres, Mario 
Humberto
Calixto. El día 22 se realizó una entrevista de miembros de PBI con el
embajador de los Países Bajos, Gijsbert Bos, con el mismo objetivo.    

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5.- TEMA-ARTÍCULO-ENTREVISTA
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¿GRUPOS PARAMILITARES, 
DE AUTODEFENSA O GUERRILLAS DE DERECHA?
“ La extensa e impactante entrevista realizada por Maria Cristina Caballero
con el máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Urabá y Córdoba,
Carlos Castaño Gil (Cf. CAMBIO 16 Nos. 235, 236 y 237) nos motiva a plantear
algunos interrogantes que creemos claves para entender el significado actual
de estos actores armados. Mientras no exista una calificación clara de estos
grupos por parte del estado, sea como actores políticos o sea como
delincuentes comunes, va a ser imposible definir una política coherente para
su tratamiento. ¿ Los grupos de autodefensa están haciendo el tránsito hacia
un modelo de contraguerrillas de derecha, provistas de un discurso político,
control territorial y sólidas bases de apoyo social? ¿ El conjunto de los
grupos de autodefensa se han unificado en torno a las llamadas Autodefensas
Unidas de Colombia, han conformado un estado mayor conjunto y, por lo tanto,
deben ser consideradas como un actor único? Si este fuera el caso, ¿ todos
los grupos que la conforman comparten unos mismos principios o, por el
contrario, detrás de esta sigla (AUC) se esconde una multiplicidad de grupos
dispares, algunos politizados otros más delincuenciales, unos distantes del
narcotráfico otros más subordinados a éste? (...) Una de las pretensiones
principales de Carlos Castaño es la de unificar a la totalidad de los grupos
de autodefensa que existen en el país en torno a un estado mayor conjunto.
Una especie de coordinadora nacional contraguerrilla. (...) A pesar de la
diversidad de orígenes de los grupos de autodefensa, creo que el marco que
permitió su amplia expansión ha sido la inmensa contrareforma agraria que ha
llevado a cabo el narcotráfico en el país. Esta compleja geografía de los
grupos de autodefensa me hace dudar del carácter homogéneo de las AUC.
Existen demasiadas diferencias en el grado de politización y en el grado de
autonomía con respecto a los grupos narcotraficantes. Mientras unos grupos,
como el de Carlos Castaño, busca construir un discurso político legitimador,
otros grupos actúan con mentalidad puramente delincuencia y abiertamente
criminal. Unos de los rasgos de los distintos gobiernos que se han sucedido
desde 1977, es decir, desde el surgimiento de los primeros grupos
paramilitares en el Magdalena Medio, ha sido la total ambigüedad en su
caracterización y tratamiento. (...)

Al respecto existen, al menos cuatro posturas en el seno del Estado. En
primer término, los sectores que les han brindado todo su apoyo e, incluso
que los han incorporado plenamente en el dispositivo de contrainsurgencia de
las Fuerzas Militares. Es imposible saber si esta política ha gozado de un
respaldo de la cúpula militar. Sin embargo, sería intentar cubrir el sol con
las manos negar el apoyo que han gozado estos grupos por parte de múltiples
oficiales, brigadas y batallones en distintas regiones del país. En segundo
término, los sectores que consideran a estos grupos como un mal necesario
debido a los pobres resultados de las Fuerzas Militares. Si bien se oponen a
que se les brinde un apoyo, tampoco consideran convenientes desmontar a los
únicos grupos que han logrado paralizar el avance de la guerrilla en algunas
áreas del país. En tercer término, los sectores del Estado que piensan que
estos grupos deben ser combatidos por la fuerza pública sin contemplaciones,
debido a su carácter abiertamente criminal. Finalmente, encontramos quienes
consideran que estos grupos deben ser reconocidos como parte del conflicto,
es decir, como actores políticos, y por lo tanto, que deben ser objeto de
una negociación paralela una vez se abra camino la política de paz con la
guerrilla. A nuestro modo de ver, la actitud mayoritaria en el seno del
Estado es la segunda, o sea, la de la convivencia pragmática. Debido a la
presión y denuncias tanto internacionales como nacionales piensan que es
inconveniente un apoyo abierto, pero debido a la ineficacia de las Fuerzas
Militares y dada la incapacidad ya probada de contención de los
paramilitares, consideran que no sería tampoco deseable su desmonte. La
consigna de este sector del Estado podría ser: ‘ni les apoya, ni les
combate’.(...) El estímulo o la convivencia pragmática con los grupos
paramilitares constituyen dos políticas absolutamente condenables, pues
lejos de disminuir las dimensiones del conflicto las agrava y ahonda. El
Estado debe decidir si los combate sin titubeos como a delincuentes comunes
o abre el camino para su eventual incorporación a la vida civil mediante su
reconocimiento como actores políticos. Pero la ambigüedad debe cesar.  

Eduardo Pizarro Leongómez, Profesor del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. ( CAMBIO
16, no. 241, Enero 26 - Febrero 2)

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