Date: Tue, 19 May 1998 09:19:08 -0500
From: "p.n.m."
Subject: Col.: Comunicado de Justicia y Paz sobre allanamiento de que
fue victima
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA,
DE LA COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ, SOBRE LOS
HECHOS OCURRIDOS EL 13 DE MAYO DE 1998
La Comisi—n Intercongregacional de Justicia y Paz, consciente de que
muchos sectores de la opini—n pœblica esperan su propia versi—n y an‡lisis
de los hechos ocurridos el pasado miŽrcoles 13 de mayo, cuando su sede fue
allanada por miembros del EjŽrcito y de la Fiscal’a, quiere manifestar a ese
respecto lo siguiente:
1. Ante todo agradecemos las manifestaciones de solidaridad y de firme
repudio a este atropello, por parte de las m‡s altas jerarqu’as de nuestra
Iglesia Cat—lica, por parte de representaciones diplom‡ticas acreditadas
ante el Gobierno de Colombia y por parte de numeros’simas entidades y
personas, tanto de Colombia como de muchos pa’ses del mundo.
2. Suscribimos en su totalidad el comunicado emitido por Monse–or Alberto
Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medell’n y Presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia, quien luego de recibir y evaluar la informaci—n
pertinente, denunci— con valent’a y firmeza las violaciones a la
Constituci—n y a las leyes vigentes que all’ se produjeron; demand— al
Gobierno y a la Fiscal’a las explicaciones m‡s fundamentales y se–al— las
responsabilidades de las consecuencias que de estos hechos se pueden
seguir. Igualmente nos identificamos con el comunicado emitido por la Junta
Directiva Nacional de la Conferencia de Religiosos de Colombia, a la cual
pertenecemos y con cuyos criterios y principios trabajamos.
3. Luego de reunirnos para reconstruir los hechos, paso por paso, y para
tratar de leer sus significados a travŽs de las actuaciones,
comportamientos y expresiones de quienes practicaron el allanamiento, as’
como a travŽs de algunos antecedentes y de elementos del contexto nacional
e internacional, hemos ido esclareciendo varios elementos que la opini—n
pœblica debe conocer: A) ÀC—mo se desarrollaron los hechos?
En el allanamiento, iniciado de hecho a la 1:00 P.M. aunque judicialmente a
la 1:25 P.M. del miŽrcoles 13 de mayo, participaron la Fiscal Consuelo
Monta–ez o "Diamante 48", perteneciente a la "Unidad de Terrorismo" de la
Fiscal’a Regional de Bogot‡, unos 20 miembros de las fuerzas militares
pertenecientes a la "Agrupaci—n de Fuerzas Especiales" (que reune a
oficiales de las diversas armas, fundada con ocasi—n de los hechos del
Palacio de Justicia en 1985) y miembros del Cuerpo TŽcnico de
Investigaciones de la Fiscal’a General de la Naci—n. Otros miembros de las
fuerzas militares, cuyo nœmero no fue posible establecer, controlaron los
alrededores de la casa.
Los militares se presentaron sin ninguna identificaci—n visible, portando
cada uno varias armas, de corto y de largo alcance, Žstas dotadas de miras
con rayos infrarrojos, con abundante munici—n, con chalecos antibalas y con
modernos aparatos de comunicaci—n incorporados a su vestimenta, a travŽs
de los cuales se estuvieron comunican-do con mandos militares de alta
graduaci—n. Fue evidente la presencia de varios militares en trajes civiles
que tuvieron papel directivo en el allanamiento.
No hubo presencia de miembros del Ministerio Pœblico. Cuando lleg— un
delegado de la Procuradur’a, enviado por el Se–or Procurador General de la
Naci—n a petici—n de organizaciones no gubernamentales, ya eran las 3.30
P.M. y la diligencia se hab’a dado por terminada. Antes se le hab’a negado la
entrada al delegado de la Defensor’a del Pueblo, quien se hab’a identificado
plenamente, as’ como a la delegada de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en violaci—n al Acuerdo
suscrito entre la ONU y el Gobierno colombiano el 29 de noviembre de 1996
(art. 7, lit. c y g). TambiŽn se le neg— la entrada al delegado de la
Conferencia Episcopal de Colombia, quien deb’a estar presente por tratarse
de una entidad de la Iglesia Cat—lica.
Dada la arquitectura de la casa-sede de nuestra Comisi—n, el operativo tom—
caracter’sticas diferentes en las diversas ‡reas del inmueble: los militares
tomaron posesi—n y control de todas las instalaciones, pero concentraron
sus principales efectivos en el ‡rea destinada al Proyecto NUNCA MAS, que
guarda la memoria de los Cr’menes de Lesa Humanidad. En dicha ‡rea, que
solo fue visitada de paso por la Fiscal, los militares agredieron a las tres
personas que all’ se encontraban, quienes trabajan en la documentaci—n y
digitaci—n de casos; las obligaron a ponerse de rodillas mientras apuntaban
sus armas contra ellas, les sustrajeron sus documentos de identidad, las
sometieron a exhaustivos interrogatorios, las trataron en todo el tiempo de
"guerri-lleros" y las filmaron minuciosamente. Sin control alguno de la
Fiscal, los militares revisaron y leyeron documentos, abrieron
computadores y filmaron sus contenidos, sin que tales filmaciones fueran
entregadas a la Fiscal, aœn m‡s, Žsta neg—, al final de la diligencia, saber lo
que hab’a ocurrido en esa ‡rea y afirm— que no asumir’a ninguna responsabi-
lidad sobre las actuaciones de los militares.
Todos los comentarios hechos por los miembros de las fuerzas militares
durante la diligencia evidenciaron que su interŽs primordial era llevarse los
archivos magnŽticos que conten’an informaci—n relativa a masacres,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Sus expresiones
revelaban que sab’an muy bien cu‡l era la informaci—n que all’ se guardaba y
mostraban deseos desbordados de apoderarse de ella. Incluso manifestaron
conocer de antemano a las personas que trabajaban en dicha ‡rea, con sus
nombres y residencias, y sus actitudes, movimientos y expresiones,
mostraban que conoc’an tambiŽn de antemano los —rdenes de informaci—n
que guardaba cada computador.
Las filmaciones hechas por los militares se concentraron en documentos de
denuncia, algunos escritos en papel, otros llamados a las pantallas de los
computadores, como tambiŽn en los c—digos y thesauros mediante los cuales
se sistematizan los datos, y en la estructura arquitect—nica de la casa, con
el fin, segœn ellos mismos lo manifestaron, de "hacer una maqueta de la
misma".
Entre tanto, en otras ‡reas de la casa la Fiscal y algunos miembros del
Cuerpo TŽcnico de Investigaciones de la Fiscal’a revisaban lentamente, y sin
mostrar mucho interŽs en lo que hac’an, otros archivos f’sicos y
magnŽticos. En tres ocasiones, agentes del CTI manifestaron a miembros de
Justicia y Paz que estaban en la sede, que el operativo era propiamente de
los militares y que su presencia all’ como miembros de la Fiscal’a ten’a
como objetivo el evitar que los militares cometieran excesos. La impresi—n
generalizada que qued— en quienes estaban en la sede, fue la de que los
miembros de la Fiscal’a cumpl’an formalidades inocuas en algunas ‡reas de
la casa, mientras hac’an tiempo para que los militares cumplieran sus
objetivos primordiales en el ‡rea del Proyecto NUNCA MAS.
B) ÀQuŽ motiv— el allanamiento?
Tras el an‡lisis y evaluaci—n de todo lo ocurrido, nos preguntamos quŽ
motiv— el allanamiento; cu‡l era el real objetivo del mismo, pues al
confrontar las explicaciones dadas por la Fiscal, por los miembros del CTI y
por los propios militares, encontramos contradicciones evidentes:
1. La Fiscal, al llegar, se–al— que el allanamiento obedec’a a informes de
inteligencia militar, segœn los cuales, en dicho inmueble "hab’a un arsenal,
explosivos y propaganda del ELN".
2. Luego, al dar inicio formal a la diligencia, la Fiscal ley— en reiteradas
ocasiones al personal que se encontraba en el primer piso del inmueble, el
INFORME DE INTELIGENCIA, en el cual se afirmaba que "se estaba buscando a
dos personas que frecuentaban la casa desde agosto de 1997" y se hac’a
tambiŽn referencia a "la constante visita de estudiantes de la Universidad
Distrital que pertenecen al grupo 'Poina' que es un grupo urbano del ELN
creado para desestabilizar al Gobierno e interrumpir las elecciones
presidenciales".
3. Al dar lectura a la RESOLUCION de allanamiento, la Fiscal afirmaba que el
allanamiento se hab’a fundado en un informe de inteligencia de la XIII
Brigada, segœn el cual, "en la casa localizada en la calle 36 No. 15-39, de
fachada crema, hay unos computadores con documentaci—n secreta
perteneciente al ELN y donde se cree que tambiŽn hay volantes y material
subversivo de distribuci—n", motivo Žste relacionado con la presencia, desde
el inicio del allanamiento, de tŽcnicos del CTI expertos en sistemas, y con
la posterior petici—n telef—nica de la Fiscal, de que le fuera enviada una
comisi—n de apoyo, pues "hab’a muchos computadores en el inmueble".
4. Las versiones transmitidas por miembros del CTI, en diversos momentos
y a distintas personas que estaban en la sede durante el allanamiento,
converg’an en que su presencia all’ obedec’a a acompa–ar el operativo
militar y a procurar evitar desmanes o atropellos por parte de los miembros
de las fuerzas militares. Estas versiones son coherentes con el desempe–o
descuidado y superficial de sus acciones durante toda la diligencia y con una
expresi—n expl’cita de la Fiscal, quien manifest—: "tengo un apoyo en el cual
no puedo confiar".
5. De igual forma, en diversos momentos y ante distintas personas que se
encontraban en el inmueble, tanto los militares uniformados como los que
llevaban trajes civiles, se–alaron que el prop—sito del operativo militar era
apoderarse de archivos con informaci—n sobre masacres, asesinatos,
desapariciones y torturas, archivos "que eran financiados por el ELN". En sus
palabras textuales: "vinimos por esta informaci—n y no nos podemos ir sin
ella".
6. Finalmente, segœn el bolet’n de prensa de la Quinta Divisi—n del EjŽrcito
Nacional, fechado el 14 de mayo de 1998, "tropas de la DŽcimotercera
Brigada realizaron operativos de control militar (retenes, patrullajes,
allanamientos y presencia) con motivo del asesinato del Se–or General
Fernando Landaz‡bal Reyes ... en desarrollo de los cuales se adelant— el
allanamiento y registro al inmueble localizado en la calle 36 No. 15-39".
A partir de estos elementos tan contradictorios, Àcu‡l es nuestra
interpretaci—n?
* Siendo tan claro que el allanamiento respond’a a un interŽs del EjŽrcito
Nacional y particularmente de su XIII Brigada, la cual est‡ hoy d’a
comandada por el General Rito Alejo Del R’o, no podemos dejar de tener en
cuenta las dif’ciles relaciones que nuestra Comisi—n de Justicia y Paz tuvo
con dicho General cuando ejerc’a la comandancia de la XVII Brigada con sede
en Carepa, Urab‡, a ra’z de las reiteradas denuncias que tuvimos que hacer
sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las
unidades a su cargo y sobre sus evidentes relaciones de apoyo y patrocinio
con el paramilitarismo de la regi—n.
* Tampoco podemos dejar de tener en cuenta que ha habido otros
documentos confidenciales de inteligencia militar, hoy ampliamente
conocidos, donde se rese–a a la Comisi—n de Justicia y Paz en tŽrminos
como los siguientes:
"Dirigida por el sacerdote Javier Giraldo Moreno, es activa part’cipe
en la guerra jur’dica, ocup‡ndose de impulsar los casos que contra oficiales
de las fuerzas militares se presentan en la Fiscal’a y en la Procuradur’a.
Cuenta con una red internacional de ONGs similares. Recientemente uni— su
banco de datos al del Cinep. Es especialmente activa en la promoci—n de la
guerra jur’dica, especialmente en zonas de influencia del ELN". (Documento
"La Diplomacia de la Subversi—n", del Centro de An‡lisis Sociopol’ticos.
Conferencia dictada por Miguel Posada, octubre de 1996, actualizada en
julio de 1997).
Igualmente el documento "Organizaciones No Gubernamentales y Derechos
Humanos", elaborado por los oficiales retirados del EjŽrcito: General Manuel
Jaime Guerrero Paz, Mayor General Juan Salcedo Lora, Brigadier General
Adolfo Clavijo, y por los ingenieros Miguel Posada y Carlos Sierra, publicado
en noviembre de 1997, hace reiteradas referencias a nuestra Comisi—n
Intercongregacional de Justicia y Paz, as’ como a otras organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, calific‡ndolas como agentes de la
subversi—n "mediante el ataque sistem‡tico al Estado de Derecho y a la vez
mediante el apoyo directo o indirecto a la guerra pol’tica y militar que se
desarrolla".
Llama particularmente la atenci—n, en esos documentos, la reiterada
calificaci—n de toda actividad de defensa de los derechos humanos como
"guerra jur’dica" o "guerra pol’tica", con lo cual se termina por desconocer
el car‡cter civil de dichas actividades y organizaciones, para presentarlas
como "actores de guerra" u "objetivos militares".
Es evidente, por lo tanto, a nuestro entender, que el allanamiento respond’a
a un interŽs expl’cito del EjŽrcito Nacional, y particularmente de la XIII
Brigada, de apoderarse de los archivos que guardan la memoria de los
Cr’menes de Lesa Humanidad, calificando dichos archivos como "material
subversivo"; de criminalizar la denuncia de las violaciones a los derechos
humanos por parte de la fuerza pœblica; de estigmatizar la actividad
leg’tima, legal y humanitaria de nuestra Comisi—n de Justicia y Paz en
defensa de las v’ctimas y, en general, de satanizar la solidaridad con las
v’ctimas de tanto crimen, calificando la bœsqueda de la verdad, la bœsqueda
de la justicia, la solidaridad con las v’ctimas y la salvaguarda de su
memoria, como "acci—nes de guerra" y como "actividades subversivas".
Nos preguntamos: Àpor quŽ tanto temor de los militares a la memoria de las
v’ctimas?
No han escapado a nuestra reflexi—n dos recientes acontecimientos: por una
parte, el asesinato, en Guatemala, de Monse–or Juan Gerardi Conedera,
obispo responsable del proyecto Recuperaci—n de la Memoria Hist—rica
-REMHI-, justo al d’a siguiente de ser entregados a la opini—n pœblica los
cuatro volœmenes que guardan la memoria de los cr’menes de lesa
humanidad perpetrados en ese pa’s; y por otra parte, el asalto a la sede de
las familias de los desaparecidos de Argentina, con el prop—sito de
desaparecer los archivos que dan cuenta de los hechos y de los responsables
de m‡s de 30.000 cr’menes.
C) En contrav’a de la Ley
Los elementos anteriores nos llevan a evaluar en quŽ medida fueron
respetadas la Constituci—n y las leyes.
* Como ya lo consign— el Presidente de la Conferencia Episcopal en su
comunicado, los tratos inhumanos y degradantes a que fueron sometidos los
operarios que se encontraban en el ‡rea del Proyecto NUNCA MAS,
constituyen afrentas a la dignidad humana y violaciones al art’culo 12 de la
Constituci—n Nacional, as’ como de mœltiples tratados internacionales de
Derechos Humanos suscritos y ratificados por Colombia.
* La actuaci—n de las fuerzas militares durante el allanamiento, al hacer
interrogatorios, revisar documentos, abrir computadores, filmar sus
contenidos, elaborar maquetas f’lmicas de la sede, grabar las im‡genes de
quienes fueron interrogados y de las personas que se hicieron presentes
frente a la sede, fue abiertamente violatoria de los art’culos 113 y 116 de
la Constituci—n, donde se establece la separaci—n de poderes y se proh’be a
las autoridades administrativas adelantar la instrucci—n de sumarios. Es
violatoria igualmente del art’culo 310 del C—digo de Procedimiento Penal
que se–ala cu‡les son los servidores pœblicos que pueden ejercer funciones
de polic’a judicial.
* Estos procedimientos que se sitœan fuera y en contra de la ley, fueron m‡s
graves aœn al actuar las fuerzas militares sin la identificaci—n que de
acuerdo a la Ley deben portar, lo que los convierte en agentes an—nimos que
gozan de condiciones objetivas para ocultar o eludir su responsabilidad.
* Aœn m‡s grave e ilegal fue su proceder al realizar sus il’citos con
prescindencia del control de la Fiscal, quien se present— como responsable
de la diligencia de allanamiento y explic— que hab’a solicitado la presencia
de los militares "como apoyo", ante la eventualidad de que all’ se ocultaran
miembros de grupos armados, pero quien al final de la diligencia se declar—
"no responsable" de lo que hubiesen hecho los militares.
* Todo esto nos plantea graves interrogantes sobre el papel jugado por la
Fiscal’a. La lectura integral de todos los comportamientos y expresiones
expl’citas de quienes participaron en el allanamiento, nos evidenci— que la
Fiscal’a cumpl’a conscientemente un papel "de fachada" o de "Caballo de
Troya", tendiente a cubrir con apariencias de acci—n judicial un operativo
militar que ten’a objetivos inconfesables, toda vez que carec’an de toda
juridicidad y eran violatorios de mœltiples derechos y normas.
No solo es claro en nuestro ordenamiento constitucional que las fuerzas
militares no pueden intervenir en la rama judicial -si se exceptœa la
Justicia Penal Militar, prevista taxativamente para juzgar a militares por
delitos cometidos en el desempe–o de su oficio- sino que cualquier filosof’a
jur’dica se basa en el principio de la imparcialidad, y nada m‡s ajeno a la
imparcialidad que el accionar de agentes o instituciones relacionados
estructuralmente con la lucha armada o el manejo de armas.
* Pero si ya es extremadamente grave que la Fiscal’a sea manipulada de esa
manera o que se preste para servir de fachada o para cubrir acciones a todas
luces contrarias a la ley, es m‡s grave aœn que admita como procedimiento
legal el sustentar acciones como allanamientos o detenciones en "informes
de inteligencia" que no son sometidos a la m‡s elemental de las
verificaciones, como ser’a la de enterarse al menos de quŽ entidad funciona
en el sitio denunciado.
La Fiscal afirm— repetidas veces que "ignoraba" que all’ funcionara una
organizaci—n no gubernamental de derechos humanos o una entidad de la
Iglesia, mientras militares y agentes del CTI preguntaban, al entrar, a
varios de los moradores de la sede, "si la casa era de los jesu’tas", y
mientras le’an en la puerta y en todas las paredes el nombre de Justicia y
Paz. M‡s extra–o aœn es que al final del operativo la misma Fiscal afirme
que "suspendi— la diligencia al descubrir que se trataba de una ONG", cuando
quienes la recibieron identificaron con nombre, objetivos y actividades a la
entidad cuya sede se dispon’a a allanar.
No es la primera vez que nuestra Comisi—n censura los "informes de
inteligencia" como fundamento de actuaciones judiciales. En nuestro
acompa–amiento a centenares de v’ctimas de violaciones a sus derechos
fundamentales, hemos sido testigos de c—mo los "informes de inteligencia"
son una fuente inagotable de arbitrariedades e injusticias. La explicaci—n es
que estructuralmente se prestan para ello: agentes formados para combatir
y que concentran en su esp’ritu el odio y la emotividad del combatiente,
elaboran acusaciones contra sus supuestos enemigos ideol—gicos o contra
quienes denuncian sus conductas il’citas, de quienes fabrican "contendores
bŽlicos", sin necesidad de hacerse responsables de sus acusaciones, puesto
que Žstas, o no son piezas procesales, o lo son pero con el amparo del
anonimato. Si acusaciones as’ elaboradas no son sometidas a serios
procesos de verificaci—n antes de causar da–os irreparables a las personas o
entidades se–aladas, es evidente que tal procedimiento no tiene sustento
alguno de legitimidad y es absolutamente repudiable como mecanismo
judicial.
Queremos solicitar a la Fiscal’a que reflexione sobre la utilizaci—n de
procedimientos tan absurdos con miras a eliminarlos de sus pr‡cticas, al
mismo tiempo que le exigimos que al autor de tan fantasioso "informe de
inteligencia" se le haga responsable del da–o que caus— y se le exija
repararlo. * Tanto la Fiscal’a como el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Militares, esto es, el Presidente de la Repœblica, son responsables en
adelante de consecuencias muy graves que estos hechos pueden tener, y m‡s
probablemente en el horrendo contexto que vivimos: si bien los militares
recibieron orden, a œltima hora, de no sacar nada de la casa, ya hab’an
violado los computadores y archivos y hab’an filmado archivos, personas y
lugares, elementos que no pusieron en manos de la Fiscal’a y sobre los
cuales la Fiscal afirm— que no asumir’a ninguna responsabilidad, pero que
aunque con posterioridad sean entregados a la Fiscal’a ya habr‡n sido
copiados y la Fiscal’a misma jam‡s podr‡ tener control sobre esas copias.
Nos preguntamos: ÀquŽ preparan con ese material?, Àacaso centenares de
casos del pasado no nos autorizan a imaginarnos lo peor?
D) ÀQuiŽnes somos y quŽ hacemos?
Nadie duda de que uno de los objetivos de toda acci—n represiva, arbitraria e
ilegal, es causar un da–o en la imagen o reputaci—n de las personas o
entidades afectadas. No es la primera vez que se trata de causar un da–o
moral a nuestra Comisi—n. En ocasiones anteriores lo hicieron el diario El
Tiempo, el diario La Prensa, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza secundado
por la cadena RCN, el General Harold Bedoya y el General Alvaro Valencia
Tovar, en todas estas ocasiones como censura a denuncias que hicimos sobre
cr’menes horrendos que involucraban a miembros o a unidades de las
Fuerzas Armadas. Todos ellos esgrimieron la tesis, expl’cita o
impl’citamente, de que si denunci‡bamos cr’menes de Estado era porque nos
identific‡bamos con la subversi—n. El poder de todas estas personalidades y
Medios sobre el manejo de la opini—n pœblica nos coloc— siempre en
situaci—n de indefensi—n, pues siempre se negaron a rectificar y a reparar el
da–o causado.
No obstante la cadena de estigmatizaciones, nuestra identidad se mantiene
inmodificable y debe reafirmarse cuando hechos como estos nos ponen en la
mira de una "opini—n pœblica" casi siempre manipulada.
La Comisi—n Intercongregacional de Justicia y Paz es un —rgano de la
Conferencia de Religiosos de Colombia, creado en 1988. En su Consejo
Directivo participan los Superiores y Superioras Mayores de 60
Congregaciones Religiosas. Atiende cuatro grandes ‡reas de trabajo: la
informaci—n y denuncia sobre cr’menes de lesa humanidad; la asistencia
jur’dica a v’ctimas o familias de v’ctimas; la asistencia humanitaria,
particularmente a grupos de desplazados; la educaci—n en derechos humanos.
Entre los proyectos que desarrolla cabe destacar el PROYECTO NUNCA MAS,
cuya administraci—n est‡ a su cargo pero cuya direcci—n es compartida con
otras 14 organizacio-nes no gubernamentales de derechos humanos y
sociales, contando con el apoyo y financiaci—n de entidades no
gubernamentales de 8 pa’ses.
Este proyecto busca recuperar la memoria de los Cr’menes de Lesa
Humanidad perpetrados en los œltimos 30 a–os, uniŽndose a un movimiento
continental que busca los mismos objetivos en la mayor’a de los pa’ses de
AmŽrica Latina. Sus fines se inscriben dentro de las recientes perspectivas
de la Organizaci—n de las Naciones Unidas, de afirmar el derecho de los
pueblos a salvaguardar la memoria de sus sufrimientos:
* como condici—n ineludible para la conquista de la verdad, de la justicia y
de la reparaci—n;
* como camino obligado para la erradicaci—n de la impunidad,
* como mecanismo necesario, tanto para que los cr’menes no se repitan en
el futuro, como para que la sociedad del futuro no quede atrapada en los
efectos destructores de los cr’menes del pasado.
Si bien nuestra Comisi—n ha denunciado desde su origen las violaciones al
Derecho Internacional Humanitario cometidas por grupos insurgentes, est‡
convencida de que las violaciones de los derechos humanos por parte de
agentes del Estado revisten una gravedad mucho mayor, dado que
desnaturalizan la instancia que deber’a ser garante del respeto a esos
derechos y destruyen la fuente originante de legitimaci—n del Estado de
Derecho; por eso, en toda su trayectoria, nuestra Comisi—n le ha dado
prioridad a este œltimo tipo de denuncias.
Nuestra Comisi—n ha incorporado, desde su origen, el trabajo de los laicos, y
mantiene relaciones con organizaciones nacionales e internacionales que
buscan la promoci—n y defensa de los derechos de las personas y de los
pueblos, sin restricciones de ideolog’as o credos. Su fuente de inspiraci—n,
sin embargo, as’ como sus criterios fundamentales de acci—n y de
interpelaci—n permanente, los extrae del Evangelio y de la tradici—n
cristiana. Recoge en su dinamismo y en su horizonte de inspiraciones, los
carismas de numerosos fundadores y fundadoras de congregaciones
religiosas que hicieron del pobre, del oprimido y de la v’ctima del poder, as’
como de la bœsqueda de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, el
centro y el criterio rector de su acci—n apost—lica, proyectando as’ en sus
vidas y en las de sus familias religiosas la veta que consideraron m‡s
sagrada y fecunda del Evangelio.
E) Consecuencias previsibles de estos atropellos
Al evaluar lo ocurrido y al pensar en sus efectos y consecuencias hacia el
futuro, nos asaltan preocupaciones y dolores muy hondos:
La violaci—n de los archivos magnŽticos del NUNCA MAS y su filmaci—n, hoy
en manos de las fuerzas militares, cuya responsabilidad en numeros’simos
de esos casos nadie ignora, nos duele profundamente. Gran parte de esa
informaci—n nos fue confiada por familias y personas ps’quica y moralmente
destruidas por esos cr’menes y presas del terror. Lo hicieron porque
confiaron en nosotros, en nuestros valores y en nuestros principios, y
porque creyeron que en nuestras manos esa informaci—n ser’a manejada con
cautela, sin ponerlos de nuevo a ellos en alto riesgo.
La violencia ejercida, absolutamente contra la ley, toc—, pues, la zona m‡s
sagrada de nuestra relaci—n con las v’ctimas: la confidencialidad. Ninguna
imagen m‡s patŽtica podr’a revelar lo que hoy sentimos como la de la
violaci—n carnal, cuando la fuerza bruta rompe y pisotea el santuario
sagrado de la intimidad, donde se elaboran y despliegan los m‡s delicados
dinamismos de lo humano que bordean el misterio de la vida.
Pero tal golpe brutal a la confidencialidad nos lleva a preguntarnos: Àc—mo
puede una organizaci—n dedicada a la salvaguarda de los derechos humanos
m‡s fundamentales cumplir su tarea, sin que el principio de la
confidencialidad sea respetado? , Àc—mo es posible que los mismos
victimarios tengan atribuciones para apoderarse de la informaci—n aportada
por las v’ctimas, amparados en el simulacro de una "diligencia judicial" y
encubiertos por una instituci—n supuestamente gestora de "justicia"?
Esto nos revela la profundidad del abismo en que nuestro pa’s se encuentra,
donde no se dan siquiera las condiciones y garant’as m‡s elementales para
ejercer el DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS.
Nuestras preocupaciones se dirigen tambiŽn a la seguridad de quienes fueron
filmados e intimidados y de quienes continœan trabajando en el proyecto
NUNCA MAS. ÀAcaso no es consciente el pa’s entero de las estrechas
relaciones existentes entre las Fuerzas Armadas y los grupos
paramilitares? ÀAcaso la estrategia paramilitar no mira justamente a
garantizar la circulaci—n de informaci—n entre militares y paramilitares,
para que Žstos ejecuten lo que aquellos no pueden sin ilegitimar
profundamente al Estado?
Nos preguntamos tambiŽn quŽ objetivo puede tener el elaborar una maqueta
f’lmica de un inmueble. ÀPara quŽ otra finalidad puede servir, si no es para
preparar asaltos o atentados?
Nos preguntamos si la Fiscal’a tendr’a consciencia de lo que estaba
haciendo. ÀC—mo podr‡ ahora reparar los da–os causados y evitar que los
temidos efectos se lleven a cabo? Es su responsabilidad que ahora no puede
eludir.
El pa’s y el mundo sabr‡n que cualquier efecto nefasto de esta irresponsable
e ileg’tima acci—n, ya sobre las familias de las v’ctimas que aportaron
informaci—n, ya sobre los operarios del NUNCA MAS, ya sobre los miembros
de las dem‡s organizaciones vinculadas a este proyecto, ya sobre quienes
fueron filmados en los exteriores de la sede, ya sobre la sede misma, tienen
responsables concretos: las Fuerzas Militares y la Fiscal’a.
Dios y la Historia se lo demandar‡n.
P. Javier Giraldo M., S.J.
Hna. Isabel GutiŽrrez S.A.C.
Hna. Libia Duque A.C.I.
P. Carlos Julio Rozo C.M.F.
P. Ulrich Kollwitz S.V.D.
Hna, Nohemy Palencia O.P.
Santafé de Bogotá, mayo 18 de 1998.
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