Una carta del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia

Honorable Señor Presidente

Profundamente consternados y preocupados seguimos la siempre más cruel situación de los Derechos Humanos en Colombia. Los hechos de violencia y barbarie nos llenan de dolor y nos dejan sin palabras ante esta tragedia humana. Sin embargo queremos levantar nuestro voz de protesta para asi por lo menos rescatar y defender la dignidad de las víctimas y dejar constancia histórica que su muerte, los atropellos sufridos, las torturas y discriminaciones no nos dejan indiferente y que siguen teniendo testigos, aunque geograficamente muy distantes.

De la misma manera queremos denunciar los victimarios y expresarles que su actuar no será olvidado y que la impunidad total a la que ellos aspiran por medio del terror será efímera, ya que un pueblo no puede vivir sin memoria y sin la verdad.

Señor Presidente, todas las palabras quedan cortas ante la situacion de permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos en su país. El vil y cobarde asesinato de Jaime Garzón demostró que ya ni siquiera la risa y el humor, tán caracteristicos para el pueblo colombiano, tienen cabida. Se asesina a sangre fria a lo mejor del pueblo y los autores una vez más se esconden detras de asesinos a sueldo y las llamadas "fuerzas oscuras". Cuando terminará este baño de sangre, donde ya es un delito trabajar por la paz y no perder el humor en medio de la guerra y el ruido de las armas?

Queremos igualmente llamar su atención sobre la preocupante situacion de la Comunidad de desplazados del Cacarica, asentada provisionalmente en Turbo. Ante su propuesta de retorno con dignidad los señalamientos, hostigamientos y atropellos de actores armados paraestatales son cada vez más frecuentes y abiertas. Ademas una comisión mixta verificó que empresas madereras están cortando a gran escala el bosque primario del territorio a donde quieren regresar los desplazados por la violencia. Grandes empresas como "Maderas del Darién" están sacando sin ningún permiso sobre todo arboles de la especie Cativo. Lo que se pudo evitar hace algunos años gracias a la presión de ONG's internacionales y nacionales, ahora por medio de la violencia se esta logrando, en abierta violación de la Ley 70 y agregando al etnocidio un ecocidio de incalculables proporciones. Las cortes afectan directamente el ecosistema de toda la region y el mismo retorno de las comunidades desplazadas.

Exigimos que cesen los ataques, hostigamientos y señalamientos a la comunidad de desplazados en Turbo; que los atropellos sean investigados y los autores sancionados; que cese inmediatamente el corte de madera y se sancione los responsables de este ecocidio; que se asegure un retorno con dignidad y garantías como lo ha propuesto la comunidad de desplazados.

Señor Presidente, si se quiere condenar todo una población a la muerte que lo digan abiertamente. Tal es el caso de las comunidades indígenas y negras del Chocó a las cuales los paramilitares les han impuesto no solamente el terror, el silencio y el asesinato, sino un bloqueo sistemático de articulos de primera necesidad y de medicamentos. Están condenando toda una poblacion a la desnutrición y a una muerte lenta. Tambien el pueblo indígena de los Embera ha denunciado en repetidas ocasiones ésta situación, la cual fue comprobada por una delegación mixta que visitó recientemente la región. Le preguntamos: Se destruirá una vez más por medio de la violencia todo un pueblo, una cultura, una riqueza humana más toda una riqueza natural immensa y en gran parte desconocida? Una vez más por medio de la violencia se logrará imponer un modelo de "desarrollo" que está causando un etnocidio, un ecocidio y un genozidio?

Solamente queremos dejar constancia que tambien en estas latitudes hay personas y organizaciones que no se callarán ante estos crimenes y que estos atropellos no se olvidarán. Es eticamente y moralmente lo minimo que podemos hacer.

Otra preocupación concierne la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Permanentemente se estigmatiza y se calumnia a la Comunidad de Paz de ser "auxiliadora de la guerrilla". Estos pronunciamientos no solamente provienen de los paramilitares sino tambien del Ejercito Nacional, quienes en varias ocasiones ante delegaciones internacionales, de la iglesia y de la misma comunidad han expresado sus dudas y sus sospechas. Nos preocupan profundamente estas estigmatizaciones y falsas acusaciones, sabiendo que estos muy frecuentemente son las "justificaciones" de posteriores actos de violencia. Cabe mencionar aqui una vez más los asesinatos perpetrados contra miembros de la Comunidad de Paz en abril del año en curso.

Igual situación occurió en la región del Catatumbo. Como tambien la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció, el gobierno colombiano no hizo nada ante "el anuncio del jefe de las Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia que operan en la zona (y) la inminencia de nuevos hechos que amenazaban la vida de los habitantes de varias localidades". La anunciada ofensiva paramilitar muy probablemente causó la muerte de más de 100 personas desde el mes de mayo del ano en curso y el desplazamiento de miles de campesinos. Ya el desplazamiento como forma del terror y de la violencia y con claras intensiones y fines socioeconómicas se está haciendo cada dia más patente en Colombia. Los más de 300'000 desplazados por la violencia solo en el año 1998 son una clara muestra de esta situación. A la fuerza se están imponiendo modelos de "desarrollo" que no solamente violan todos los derechos humanos sino tambien empujan siempre más familias campesinas y obreras a la pobreza y la miseria, dejandolos en el abandono total.

Exigimos una vez mas desmantelar, investigar y sancionar los grupos paramilitares y sus instigadores y finanziadores. A pesar de los repetitivos anuncios de su Gobierno de enfrentar estas organizaciones paraestatales, estas han extendido su accionar y siguen su ofensiva violenta totalmente impune y sin obstáculos. Hay muchas pruebas e indicios claros de la abierta colaboración, tolerancia y apoyo del ejército a las organizaciones paramilitares.

Volvemos a exigir, como lo exige la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales desde años, la investigación, separación y sanción de militares involucrados en crímenes de Lesa Humanidad y/o con vínculos con las organizaciones paramilitares.

A esta situación de violencia y de guerra se añade la situación social cada día más preocupante y desesperante para siempre más sectores de la sociedad colombiana.

Unos 340'000 trabajadores perdieron solamente durante el año pasado su trabajo. Otros miles de empleados ven su puesto de trabajo amenazado. Las medidas de ajuste económico son nefastas para cientos de miles de familias colombianas y sobre todo los pequeños agricultores quedaron en la ruina.

Qual será el futuro para la mayoría de la población sin empleo, sin ninguna seguridad social, sin posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a los servicios fundamentales? Se quiere sacrificar las mayorias de la población para que unos pocos se siguen enriqueciendo siempre más? Sabemos que el ajuste estructural de la economía es impuesto tambien por parte del FMI y del Banco Mundial, pero no por eso deja de ser menos injusto y escandaloso. Creemos que debe ser la noble tarea de los gobernantes de velar por el bienestar de sus pueblos y no hipotecar su suerte y su vida.

Esta situación social y laboral es la razón por la cual las centrales obreras y organizaciones sociales han proclamado un paro nacional cívico e indefinido. Es el derecho inalienable de los trabajadores de recurrir a esta medida para hacerse oir. Sin embargo recordamos con horror el costo en vidas humanas del paro de octubre del año 1998. Más de doce sindicalistas, entre ellos el vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega, fueron asesinados durante o inmediatamente despues del paro, cientos de obreros maltratados y atropellados. Su Gobierno nunca tuvo en cuenta las justas aspiraciones y peticiones de los obreros. Tememos que tambien en esta oportunidad se recurre a medidas de represión y violencia. Hacemos un llamado urgente a su Gobierno de dialogar con los organizadores del paro y buscar por medio de la negociación acuerdos. El pueblo y sus organizaciones tienen el derecho de expresarse y de ser escuchados. Esperamos que esta vez ese derecho sea respetado integralmente.

Señor Presidente, confiando en su sentido humanitario y democrático, nos suscribimos de Usted, atentamente

Rütsche, Secretario del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia

Copias a:

Colombia Ministro de Defensa; Embajada de Colombia en Suiza; Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.; Comisión Interamericana de DD.HH.; Parlamento Europeo; Embajada Suiza en; Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza; organizaciones de Derechos Humanos